DERECHOS HUMANOS (VI)

Nota preliminar: Agradezco a mi amigo y director de la Revista A el Lic. David Martínez Téllez, quien motu propio y con la posterior aprobación del suscrito, procedió a publicar en su prestigiosa revista las cinco partes anteriores de esta temática que he venido escribiendo en este blog. Muchas gracias.

Sin duda que los organismos internacionales a través de sus líderes veían y consideraban a México como un país riesgo, por ello fueron pieza fundamental para que se reformara la constitución y se creara en 1990 la figura del ombudsman. En la parte anterior a la presente dije que o debe entender que en esos años la figura del ombudsman es de procedencia extranjera y que, representaba caso notable, que no extraño, dentro del marco jurídico nacional. Pues bien reconozco que en nuestro país específicamente en el estado de San Luis Potosí el celebérrimo Ponciano Arriaga consideró ante el Congreso de ese estado la creación de la Procuraduría de Pobres, allá en el siglo XIX, siendo esta institución el primer antecedente legislativo de una institución pública parecida al ombudsman europeo.

Destaco este hecho en razón de que los mexicanos hemos sido prolijos en la creación de instituciones jurídicas de gran potencial e influencia y que han marcado el derrotero de una historia legislativa de gran trascendencia. Lo malo, como siempre, es la aplicación efectiva de esas instituciones. Mucha voluntad para la creación, poca para la aplicación.

Pues bien, a partir de 1990 México ya contaba con un ombudsman muy a la mexicana, es decir, acotado y supeditado a los intereses del sr. Presidente. Todo a pedir de boca para satisfacer las exigencias provenientes de agentes externos y, con el único propósito de conseguir recursos financieros, por una parte, y quedar como nación políticamente obediente de los amos de los organismos que desde el pretérito han dictado las políticas a seguir por el capitalismo mundial, ahora denominado neoliberalismo.

¿Era necesario que se creara la figura del ombudsman y precisamente con esas características? No es sencillo responder íntegramente, ya hemos hecho un esbozo de respuesta, pero no hay contundencia de respuesta. Aquí solo aportaré una síntesis apretada de todo lo que puede discutirse al respecto, o bueno, al menos una parte, la que considero más relevante.

Veamos: las instituciones son necesarias cuando resuelven un cúmulo de problemas públicos o, al menos, aportan soluciones para que otras lo hagan. Deben ser útiles, servir para el propósito por el cual se les creó. Entonces ¿las instituciones existentes en México antes del ombudsman no resolvían los problemas derivados de su propia naturaleza y permitían la violación a derechos?

No, creo que no del todo. A priori del sistema ombudsman el sistema de justicia y de procuración de justicia no garantizaba el integral respeto a los DH. Tampoco el desarrollo económico tuvo que ver con el mejoramiento de estos derechos. En la jerga jurídica se decía que la única institución que salvaba a México de la total injusticia era la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al ser ella la depositaria final de la verdad jurídica, si esta fallaba ya nada podía hacerse. Como puede advertirse desde antes de 1990 las instituciones de impartición y procuración de justicia han sido severamente cuestionadas por su alto grado de ineficiencia y corrupción a grado tal que el sistema de seguridad jurídica nacional no ha sido capaz de cumplir con su cometido constitucional y en lógica consecuencia incumple con el quehacer de garantizar derechos fundamentales. Al menos esa es la idea general, es obvio que siempre han existido jueces y magistrados y fiscales honestos e incorruptibles y que en ellos ha recaído lo poco rescatable del sistema de justicia. El sistema político subsume al jurídico en jerarquías políticas y se lo traga por completo. Esa falla de origen ha sido, es y seguirá siendo el quid de la cuestión.

A posteriori de la reforma ombudsman y de su consolidación como órgano constitucional en 1992, se reforma el sistema de impartición de justicia en su aspecto burocrático: se divide el poder judicial en un Consejo de la Judicatura que solo será competente en asuntos administrativos (nombramiento, remociones, permisos, sanciones, etc. al personal del poder judicial de la federación) y, la Corte en sí, su integración por salas, solo se ocupará de las funciones jurisdiccionales. Esta reforma judicial abarcó a todos los estados federados, la idea era o es, descargar de trabajo al órgano jurisdiccional para dejar de ocuparse de lo artesanal y dedicarse en cuerpo y alma a la ocupación jurisdiccional. La idea no deja de ser buena, posiblemente en algunos casos funcionó, pero en otros no tanto y lo peor del caso es que no se le dieron las armas completas para combatir a la corrupción desde dentro, los  Consejos de Judicatura están presididos por el presidente ya sea de la Corte o del Tribunal Superior en el caso de los estados, así es poco probable que exista combate a la corrupción ya que este funcionario tiene la potestad de influir en los miembros del Consejo y en la toma de sus decisiones.

En lo referente a la procuración de justicia es verdad que se han hecho intentos por mejorarla, pero han sido incompletos, estériles ante los océanos de complicidad y corrupción que se presentan en ese nivel de justicia. El Ministerio Público en México es una institución que dista mucho de la profesionalidad con la que debe contar; si bien es cierto ahora todos los fiscales y agentes ministeriales deben tener título de abogado eso no garantiza que en un expediente o carpeta de investigación haya real y efectivamente una investigación científica y profesional. Y no se diga de los integrantes de la policía ministerial, la cual casi en su totalidad ha estado integrada por elementos no profesionales y poco aptos en el rubro de la investigación policial e incluso por personas que escasamente saben leer o comprender un texto sencillo. En esas condiciones es imposible que en la procuración de justicia pueda asegurarse que los esfuerzos rinden frutos. Que conste que no dejo de citar que presupuestalmente ha habido esfuerzos pero ¿Dónde han parado esos recursos? Porque si usted va a una agencia ministerial seguramente le dará la idea de que ese lugar puede ser lo que sea menos una oficina donde se procura la justicia.

Ni el sistema de impartición, administración y procuración de justicia, respondían antes de la citada reforma a las expectativas del cumplimiento de los DH. Tampoco el desarrollo económico del país aseguraba que en lo material los mexicanos experimentaran niveles de mayor satisfacción. La rectoría económica del Estado ha sido un postulado vacío e inoperante desde su génesis constitucional. Los planes nacional y estatales de desarrollo solo han servido para alimentar los discursos ditirámbicos de los políticos en honor a sus líderes y una nación que solo existe en sus mentes y, en aumentar las expectativas del engaño y la demagogia al pronosticar siempre y fallar en consecuencia, mejoras económicas a través de la intervención estatal.

En esas tristes condiciones la reforma parecía necesaria. Pero como proyecto político emanado del sistema político que lo engendró, pronto enseñó sus fallas.

(Continuará)

DERECHOS HUMANOS (V)

Quien crea que el reconocimiento actual de los derechos humanos (DH), en el orden constitucional mexicano corresponde única y exclusivamente a una decisión soberana, es un completo iluso. Lo mismo puede sostenerse de las instituciones protectoras de esos derechos en el orden interno –con excepción del juicio de amparo, claro-.

Si hacemos una revisión de las causas por las cuales la constitución de 1857 reconoció a los DH en su texto, de una manera magistral para aquella época, tendríamos que revisar el curso de los acontecimientos mundiales, especialmente europeos, que el en siglo XIX sucedían. Era que en ese entonces en nuestro suelo patrio triunfaban las ideas liberales y el país se encontraba en el desiderátum de su consolidación definitiva o de su probable desintegración. Los liberales mexicanos salieron airosos de la lucha librada contra los conservadores y pudieron, no sin muchas dificultades, elaborar un proyecto de constitución que por vez primera concentró a los principales derechos fundamentales piedra angular del liberalismo y conjuntarlos con el juicio de amparo que fue, es y seguirá siendo, la más importante defensa de estos derechos y también de la constitución como proyecto de nación.

En ese pretérito los DH representaban el triunfo de la sociedad democrática versus el Estado monárquico y autoritario. Cuando el Estado moderno surgió a la vida la tarea posterior ha sido y fue no solo la organización democrática del poder público sino también el reconocimiento de los derechos fundamentales de todos los seres humanos, considerándolos no como súbditos sino como ciudadanos poseedores de dignidad a la cual el Estado y sus instituciones tienen que reconocer y respetar. El triunfo de los ideales que sostenía la revolución francesa y su declaración de derechos del ciudadano fue la punta de lanza por la cual los derechos se promocionaron en el ideal liberal y pudieron así incorporarse en los programas de los estados nacionales, tal y como fue el caso mexicano.

México, fiel a la manera en que se construyó la sociedad vivió sesenta años con una constitución de avanzada pero con gobiernos que no la procuraban convirtiéndola en pieza de museo. Con la revolución de 1917 y la constitución del mismo año que siguió reconociendo y ampliando el espectro de los DH sobre todo en el ámbito de los derechos sociales, parecía la verdadera recomposición del rumbo pero el sistema político de caciques y prebendas impidió y ha impedido el efectivo cumplimiento de la norma constitucional, la constitución sigue siendo el sempiterno proyecto no cumplido de una revolución inconclusa.

Los DH en este país, como en muchos de esta América sufrida, alegaba en el discurso ser una sociedad consolidada en la democracia y gobernada por instituciones respetuosas de la dignidad humana, el mundo casi lo creyó pie puntillas, la realidad siempre ha sido diferente al discurso. Nuestra nación experimentó un pico económico que lo catapultó a las alturas creyéndose que ese Bom no era más que el producto de la combinación entre gobierno y sociedad democrática, nada más falso. El milagro mexicano de las décadas de los cincuenta y los sesenta del siglo XX, no duró lo que duran dos peces de hielo en un wisky on the rocks, como bien lo dice el maestro Joaquín Sabina en su canción 500 días y 19 noches. El milagro mexicano no fue tanto, pocos años después regresamos a nuestra realidad y peor aún se dio comienzo a la era o etapas de las crisis económicas recurrentes. La política económica del gobierno trataba desesperadamente de buscar nuevos mercados para dejar de depender casi exclusivamente de las exportaciones de petróleo; en lo político como ya se ha dicho aquí se aperturaron nuevas opciones políticas ante los reclamos al sistema y su partido acusándolos de avalar una monarquía sexenal con poderes casi omnipotentes.

En esas se andaba en el sexenio del nefasto Carlos Salinas de Gortari cuando este y su comitiva selecta, fueron a Europa a entrevistarse con los líderes de los organismos internacionales monetarios. Los carroñeros del dinero fueron claros y contundentes: no podía darse la ayuda a México si no se implementaban reformas económicas en el sentido de liberalizar la economía y, ahondar en la democratización social a través del respeto a los DH.

La presión dio resultados. Por un lado se impulsó la venta de activos nacionales desincorporando de la potestad pública a más de mil empresas, acompañando a este proceso un programa de adelgazamiento de la burocracia que produjo miles de desempleados. Por otro lado, Salinas encarga la elaboración de un paquete de reformas constitucionales en la cual surge la figura escandinava del Ombudsman (defensor del pueblo) pero con características diferentes a los contenidos en la institución original escandinava. Se tenía que dar la imagen  de que este país estaba preocupado por el respeto a los DH de los nacionales y, para ello, surgía la necesidad de construir un órgano de Estado que procurara tal tarea, pero con las características propias del sistema político mexicano, es decir, maniatado y sometido a la siempre inefable voluntad  del señor presidente. Fue así como  aparece publicado enel Diario Oficial de la Federación el Decreto de creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación. Es decir, sin autonomía política, dependiente del ejecutivo y sometido jerárquicamente a el. Nada bueno podía esperarse de algo así, sin embargo en el medio político y en propio de los juristas no hubo más que sonoros halagos al presidente y a raíz de ello se publicaron libros, artículos , ensayos, en los que se destacaba la voluntad democrática del presidente. El sistema político, ya vapuleado por el resultado de la elección federal de 1988 – en la cual se asegura que hubo un monumental fraude en contra del candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas- toma bocanadas de aire puro para su sobrevivencia, el cual tendría serios reveses en los años por venir.

El primer presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue el distinguido jurista Dr. Jorge Carpizo Mc Gregor, de quien se dice fue el arquitecto del diseño de la reforma constitucional que se comenta.

(Continuará)