DERECHOS HUMANOS (XI)

(CENTENARIO CONSTITUCIONAL)

El 5 de febrero se celebró sin tanto bombo y platillo el primer centenario de la constitución política de los estados unidos mexicanos. Discursos ditirámbicos en la capital del país y en las capitales estatales pronunciados por los ejecutivos o por alguna persona importante en el medio jurídico y eso bastó para cumplir con el requisito cívico. La constitución mexicana representa ya en el mundo moderno una de las más antiguas y de las que más se le ha metido mano por parte del reformador constitucional, casi 700 reformas en cien años nos dicen mucho de las reglas del poder político y poco de la eficiencia en el cumplimiento efectivo de las normas constitucionales.

Desde que somos una república independiente los mexicanos hemos profesado un defecto que no nos hemos podido quitar de encima: el incumplimiento de las normas. Cuando México tuvo sus primeras constituciones el no cumplimiento fue la nota que las caracterizo: la constitución de 1824 solo fue un documento impráctico en la vida material aunque válido por las ideas que se ahí se establecían, en esos años nuestra patria se debatía en luchas intestinas y no hubo  campo para aterrizar un gobierno estable que pudiese trabajar con la ley en la mano. La constitución de 1836 y la propia de 1843 tuvieron el mismo destino, imprácticas debido al estado convulsivo del país. Fue en 1857 cuando parecía que por fin se podía establecer un gobierno de leyes, pero no, lo que en un principio parecía el nacimiento de un auténtico estado de derecho, la fuerza de los acontecimientos hicieron que el proyecto fallara.

Que conste que no digo que las normas establecidas en la constitución de 1857 fuesen erróneas o imposibles de aplicar. No, como siempre el factor humano con su política degradante hizo que las normas que podían salvar a México no se aplicaran. Porfirio Díaz gobernó a esta nación casi 30 años, 30 años en los cuales la constitución solo fue un pretexto para gobernar a raja tabla y favorecer a los de siempre. La justicia social no existía y los derechos humanos que ese ordenamiento estableció de manera sistemática no se pudieron aplicar, salvo excepciones en las cuales no se dañara el tejido de las redes del poder del mundo porfirista. En ese nefasto periodo –que muchos alaban por sus éxitos económicos- la nota principal en el arte de gobierno fue el autoritarismo en todas las esferas de la administración y de la aplicación del derecho. El gobierno de Díaz era el gobierno de un solo hombre pese a que la ley disponía la división de poderes.

La concentración del poder como característica del sistema político que nos ha dominado y domina en la actualidad, ha tenido sus consecuentes reformas. La presión de la olla tiene que ser liberada, el ejemplo de la revolución de 1910 no puede suceder de nuevo, el sistema político a partir de finales de los años 20 y principios de los 30 del siglo pasado aprendió la lección y estableció el método para que los mismos de siempre gobernaran bajo sus reglas. Plutarco Elías Calles al fundar lo que hoy es el PRI consolidó en un solo núcleo a los beneficiarios del triunfo de la revolución –no, no fueron los obreros y campesinos tal y como durante décadas se dijo hasta el cansancio; los triunfadores fue el sistema capitalista, las clases medias y a clase política depredadora de los bienes nacionales-. La concentración del poder en pocas manos no ha podido ser destruida por el orden jurídico, la razón es obvia, quien hace las reformas es quien detenta el poder político.

Las casi 700 reformas que ha tenido la constitución no han servido para mucho. Alguien diría que sí, que su utilidad estriba en la modernización del país para ponerlo en línea con los acontecimientos políticos y económicos del mundo moderno. No lo niego, es posible que algunas reformas cumplan con ese propósito y también, añado, con el mejoramiento de la administración pública y en el caso de los derechos humanos y sus garantías, para demostrar al mundo que somos líderes en encabezar un proteccionismo jurídico a las personas, tal y como la doctrina de estos derechos exigen con vigor. Pero, otras reformas han sido instrumentadas para concentrar el poder en pocas manos, para desproveer al pueblo de sus bienes nacionales, para poner al país en manos de compañías extranjeras, para destruir con reformas que se han catalogado como “estructurales” la pérdida de la identidad nacional y la evidente posibilidad de que nosotros seamos el factor más importante de nuestro destino y desarrollo económico.

El ánimo reformista, en conclusión, solo ha servido a muy pocos y no a la mayoría. El pueblo sigue siendo pobre, más del 50 por ciento de los mexicanos está por debajo del índice de satisfacción económica y no hay una sola norma constitucional que ataque el problema de la pobreza, se habla de independencia económica, de mejoramiento de las condiciones de vida, pero no hay una sola disposición que obligue al Estado a sacar a los nacionales de la pobreza. Por lo que, ésta más que una condición social es un estímulo del sistema político para continuar medrando con el presupuesto y alegando en discursos que ahora sí se combate a la miseria de manera integral.

Las reformas constitucionales más sonadas han sido aquellas que han transformado a México de una nación con patrimonio propio, a una que disgrega lo que tiene en aras de un supuesto desarrollo que no nos es ajeno. Y también aquellas que han modificado las reglas del poder político sin que en realidad se logre el objetivo. El ejemplo son las incesantes reformas electorales que no han solucionada nada y que solo han servido para crear una partidocracia muy lejana al sistema de partidos que opera en las naciones del primer mundo. Estas reformas, la económica y la política son el banderín de la clase política soberbia y entregada a intereses extranjeros que hoy gobierna.

Solo deseo citar que los derechos humanos han sido a lo largo de cien años motivo de algunas reformas. Sí, que bueno y que malo. Qué bueno porque algunas reformas han sido para reconocer derechos y que malo, porque todo lo que se ha creado para la defensa de los derechos, hasta ahora es casi  punto muerto, los derechos humanos siguen siendo aspiraciones y estamos lejos de concretizar su plena vigencia material.

Es de vital importancia, por estas razones y por otras quizá mejores, que como hace cien años se cree un constituyente nuevo; pero antes de eso es básico que todos los mexicanos sin excepción tengamos en cuenta de que es imposible ser libres si no hay respeto a la ley, y de que la constitución como ley suprema tiene que ser el ideal a seguir. En caso adverso estaremos como hasta hoy, sumidos en la confusión y siendo víctimas de un sistema político que no tiene llenadero.

DERECHOS HUMANOS (VI)

Nota preliminar: Agradezco a mi amigo y director de la Revista A el Lic. David Martínez Téllez, quien motu propio y con la posterior aprobación del suscrito, procedió a publicar en su prestigiosa revista las cinco partes anteriores de esta temática que he venido escribiendo en este blog. Muchas gracias.

Sin duda que los organismos internacionales a través de sus líderes veían y consideraban a México como un país riesgo, por ello fueron pieza fundamental para que se reformara la constitución y se creara en 1990 la figura del ombudsman. En la parte anterior a la presente dije que o debe entender que en esos años la figura del ombudsman es de procedencia extranjera y que, representaba caso notable, que no extraño, dentro del marco jurídico nacional. Pues bien reconozco que en nuestro país específicamente en el estado de San Luis Potosí el celebérrimo Ponciano Arriaga consideró ante el Congreso de ese estado la creación de la Procuraduría de Pobres, allá en el siglo XIX, siendo esta institución el primer antecedente legislativo de una institución pública parecida al ombudsman europeo.

Destaco este hecho en razón de que los mexicanos hemos sido prolijos en la creación de instituciones jurídicas de gran potencial e influencia y que han marcado el derrotero de una historia legislativa de gran trascendencia. Lo malo, como siempre, es la aplicación efectiva de esas instituciones. Mucha voluntad para la creación, poca para la aplicación.

Pues bien, a partir de 1990 México ya contaba con un ombudsman muy a la mexicana, es decir, acotado y supeditado a los intereses del sr. Presidente. Todo a pedir de boca para satisfacer las exigencias provenientes de agentes externos y, con el único propósito de conseguir recursos financieros, por una parte, y quedar como nación políticamente obediente de los amos de los organismos que desde el pretérito han dictado las políticas a seguir por el capitalismo mundial, ahora denominado neoliberalismo.

¿Era necesario que se creara la figura del ombudsman y precisamente con esas características? No es sencillo responder íntegramente, ya hemos hecho un esbozo de respuesta, pero no hay contundencia de respuesta. Aquí solo aportaré una síntesis apretada de todo lo que puede discutirse al respecto, o bueno, al menos una parte, la que considero más relevante.

Veamos: las instituciones son necesarias cuando resuelven un cúmulo de problemas públicos o, al menos, aportan soluciones para que otras lo hagan. Deben ser útiles, servir para el propósito por el cual se les creó. Entonces ¿las instituciones existentes en México antes del ombudsman no resolvían los problemas derivados de su propia naturaleza y permitían la violación a derechos?

No, creo que no del todo. A priori del sistema ombudsman el sistema de justicia y de procuración de justicia no garantizaba el integral respeto a los DH. Tampoco el desarrollo económico tuvo que ver con el mejoramiento de estos derechos. En la jerga jurídica se decía que la única institución que salvaba a México de la total injusticia era la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al ser ella la depositaria final de la verdad jurídica, si esta fallaba ya nada podía hacerse. Como puede advertirse desde antes de 1990 las instituciones de impartición y procuración de justicia han sido severamente cuestionadas por su alto grado de ineficiencia y corrupción a grado tal que el sistema de seguridad jurídica nacional no ha sido capaz de cumplir con su cometido constitucional y en lógica consecuencia incumple con el quehacer de garantizar derechos fundamentales. Al menos esa es la idea general, es obvio que siempre han existido jueces y magistrados y fiscales honestos e incorruptibles y que en ellos ha recaído lo poco rescatable del sistema de justicia. El sistema político subsume al jurídico en jerarquías políticas y se lo traga por completo. Esa falla de origen ha sido, es y seguirá siendo el quid de la cuestión.

A posteriori de la reforma ombudsman y de su consolidación como órgano constitucional en 1992, se reforma el sistema de impartición de justicia en su aspecto burocrático: se divide el poder judicial en un Consejo de la Judicatura que solo será competente en asuntos administrativos (nombramiento, remociones, permisos, sanciones, etc. al personal del poder judicial de la federación) y, la Corte en sí, su integración por salas, solo se ocupará de las funciones jurisdiccionales. Esta reforma judicial abarcó a todos los estados federados, la idea era o es, descargar de trabajo al órgano jurisdiccional para dejar de ocuparse de lo artesanal y dedicarse en cuerpo y alma a la ocupación jurisdiccional. La idea no deja de ser buena, posiblemente en algunos casos funcionó, pero en otros no tanto y lo peor del caso es que no se le dieron las armas completas para combatir a la corrupción desde dentro, los  Consejos de Judicatura están presididos por el presidente ya sea de la Corte o del Tribunal Superior en el caso de los estados, así es poco probable que exista combate a la corrupción ya que este funcionario tiene la potestad de influir en los miembros del Consejo y en la toma de sus decisiones.

En lo referente a la procuración de justicia es verdad que se han hecho intentos por mejorarla, pero han sido incompletos, estériles ante los océanos de complicidad y corrupción que se presentan en ese nivel de justicia. El Ministerio Público en México es una institución que dista mucho de la profesionalidad con la que debe contar; si bien es cierto ahora todos los fiscales y agentes ministeriales deben tener título de abogado eso no garantiza que en un expediente o carpeta de investigación haya real y efectivamente una investigación científica y profesional. Y no se diga de los integrantes de la policía ministerial, la cual casi en su totalidad ha estado integrada por elementos no profesionales y poco aptos en el rubro de la investigación policial e incluso por personas que escasamente saben leer o comprender un texto sencillo. En esas condiciones es imposible que en la procuración de justicia pueda asegurarse que los esfuerzos rinden frutos. Que conste que no dejo de citar que presupuestalmente ha habido esfuerzos pero ¿Dónde han parado esos recursos? Porque si usted va a una agencia ministerial seguramente le dará la idea de que ese lugar puede ser lo que sea menos una oficina donde se procura la justicia.

Ni el sistema de impartición, administración y procuración de justicia, respondían antes de la citada reforma a las expectativas del cumplimiento de los DH. Tampoco el desarrollo económico del país aseguraba que en lo material los mexicanos experimentaran niveles de mayor satisfacción. La rectoría económica del Estado ha sido un postulado vacío e inoperante desde su génesis constitucional. Los planes nacional y estatales de desarrollo solo han servido para alimentar los discursos ditirámbicos de los políticos en honor a sus líderes y una nación que solo existe en sus mentes y, en aumentar las expectativas del engaño y la demagogia al pronosticar siempre y fallar en consecuencia, mejoras económicas a través de la intervención estatal.

En esas tristes condiciones la reforma parecía necesaria. Pero como proyecto político emanado del sistema político que lo engendró, pronto enseñó sus fallas.

(Continuará)

DERECHOS HUMANOS (V)

Quien crea que el reconocimiento actual de los derechos humanos (DH), en el orden constitucional mexicano corresponde única y exclusivamente a una decisión soberana, es un completo iluso. Lo mismo puede sostenerse de las instituciones protectoras de esos derechos en el orden interno –con excepción del juicio de amparo, claro-.

Si hacemos una revisión de las causas por las cuales la constitución de 1857 reconoció a los DH en su texto, de una manera magistral para aquella época, tendríamos que revisar el curso de los acontecimientos mundiales, especialmente europeos, que el en siglo XIX sucedían. Era que en ese entonces en nuestro suelo patrio triunfaban las ideas liberales y el país se encontraba en el desiderátum de su consolidación definitiva o de su probable desintegración. Los liberales mexicanos salieron airosos de la lucha librada contra los conservadores y pudieron, no sin muchas dificultades, elaborar un proyecto de constitución que por vez primera concentró a los principales derechos fundamentales piedra angular del liberalismo y conjuntarlos con el juicio de amparo que fue, es y seguirá siendo, la más importante defensa de estos derechos y también de la constitución como proyecto de nación.

En ese pretérito los DH representaban el triunfo de la sociedad democrática versus el Estado monárquico y autoritario. Cuando el Estado moderno surgió a la vida la tarea posterior ha sido y fue no solo la organización democrática del poder público sino también el reconocimiento de los derechos fundamentales de todos los seres humanos, considerándolos no como súbditos sino como ciudadanos poseedores de dignidad a la cual el Estado y sus instituciones tienen que reconocer y respetar. El triunfo de los ideales que sostenía la revolución francesa y su declaración de derechos del ciudadano fue la punta de lanza por la cual los derechos se promocionaron en el ideal liberal y pudieron así incorporarse en los programas de los estados nacionales, tal y como fue el caso mexicano.

México, fiel a la manera en que se construyó la sociedad vivió sesenta años con una constitución de avanzada pero con gobiernos que no la procuraban convirtiéndola en pieza de museo. Con la revolución de 1917 y la constitución del mismo año que siguió reconociendo y ampliando el espectro de los DH sobre todo en el ámbito de los derechos sociales, parecía la verdadera recomposición del rumbo pero el sistema político de caciques y prebendas impidió y ha impedido el efectivo cumplimiento de la norma constitucional, la constitución sigue siendo el sempiterno proyecto no cumplido de una revolución inconclusa.

Los DH en este país, como en muchos de esta América sufrida, alegaba en el discurso ser una sociedad consolidada en la democracia y gobernada por instituciones respetuosas de la dignidad humana, el mundo casi lo creyó pie puntillas, la realidad siempre ha sido diferente al discurso. Nuestra nación experimentó un pico económico que lo catapultó a las alturas creyéndose que ese Bom no era más que el producto de la combinación entre gobierno y sociedad democrática, nada más falso. El milagro mexicano de las décadas de los cincuenta y los sesenta del siglo XX, no duró lo que duran dos peces de hielo en un wisky on the rocks, como bien lo dice el maestro Joaquín Sabina en su canción 500 días y 19 noches. El milagro mexicano no fue tanto, pocos años después regresamos a nuestra realidad y peor aún se dio comienzo a la era o etapas de las crisis económicas recurrentes. La política económica del gobierno trataba desesperadamente de buscar nuevos mercados para dejar de depender casi exclusivamente de las exportaciones de petróleo; en lo político como ya se ha dicho aquí se aperturaron nuevas opciones políticas ante los reclamos al sistema y su partido acusándolos de avalar una monarquía sexenal con poderes casi omnipotentes.

En esas se andaba en el sexenio del nefasto Carlos Salinas de Gortari cuando este y su comitiva selecta, fueron a Europa a entrevistarse con los líderes de los organismos internacionales monetarios. Los carroñeros del dinero fueron claros y contundentes: no podía darse la ayuda a México si no se implementaban reformas económicas en el sentido de liberalizar la economía y, ahondar en la democratización social a través del respeto a los DH.

La presión dio resultados. Por un lado se impulsó la venta de activos nacionales desincorporando de la potestad pública a más de mil empresas, acompañando a este proceso un programa de adelgazamiento de la burocracia que produjo miles de desempleados. Por otro lado, Salinas encarga la elaboración de un paquete de reformas constitucionales en la cual surge la figura escandinava del Ombudsman (defensor del pueblo) pero con características diferentes a los contenidos en la institución original escandinava. Se tenía que dar la imagen  de que este país estaba preocupado por el respeto a los DH de los nacionales y, para ello, surgía la necesidad de construir un órgano de Estado que procurara tal tarea, pero con las características propias del sistema político mexicano, es decir, maniatado y sometido a la siempre inefable voluntad  del señor presidente. Fue así como  aparece publicado enel Diario Oficial de la Federación el Decreto de creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación. Es decir, sin autonomía política, dependiente del ejecutivo y sometido jerárquicamente a el. Nada bueno podía esperarse de algo así, sin embargo en el medio político y en propio de los juristas no hubo más que sonoros halagos al presidente y a raíz de ello se publicaron libros, artículos , ensayos, en los que se destacaba la voluntad democrática del presidente. El sistema político, ya vapuleado por el resultado de la elección federal de 1988 – en la cual se asegura que hubo un monumental fraude en contra del candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas- toma bocanadas de aire puro para su sobrevivencia, el cual tendría serios reveses en los años por venir.

El primer presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue el distinguido jurista Dr. Jorge Carpizo Mc Gregor, de quien se dice fue el arquitecto del diseño de la reforma constitucional que se comenta.

(Continuará)

DERECHOS HUMANOS (IV)

Decíamos que la década de los ochenta se distinguió por ser el punto culminante entre los dos grandes sistemas en pugna desde el fin de la segunda guerra mundial: el comunismo y el capitalismo, saliendo triunfante este último ante la estrepitosa caída –económica y política- de los países fieles al sistema implantado por la entonces Unión Soviética.

El capitalismo renacido y ahora denominado neoliberalismo trajo consigo un modelo nuevo de pensamiento en el cual el papel del Estado y del ciudadano tendría nuevas formas de encarar la modernidad. El Estado monopolizador tendría que dejar de serlo en aras a las nuevas tendencias del comercio mundial, tendría que democratizarse para romper las cadenas de dominio político y permitir que el ciudadano participe más en los ´procesos de desarrollo económico. El quid de la cuestión era convertir, donde todavía no se había hecho, en realidad el viejo postulado liberal de que la libertad consiste en que el ciudadano tenga las mejores opciones para ser agente económico preponderante y, el Estado el vigilante del cumplimiento de esa libertad. La libertad económica pues, es el derecho humano más sagrado y protegido por el nuevo sistema económico.

En los años noventa los procesos de desincorporación de las potencialidades económicas estatales hacia los particulares se incrementaron, convirtiéndose en el nuevo quehacer de las supuestas nuevas democracias. México fue y es un país ejemplar en ese sentido, todas las políticas y las reformas legales para modificar el estatus protector a modernizador se instrumentaron resultando que la empresa pública desapareció con el transcurso de los años. El objetivo que se trazó la nueva política fue su total desaparición.

Logrado el fin o propósito económico los centros de poder económico mundial exigieron a los países que recién entraban al capitalismo dominante, ahora, y con el mismo vigor se les conminó, por así decirlo, a la apertura democrática. En algunos casos fue a través de exigencias sociales masivas donde los ciudadanos exigieron la entrada de lo que ellos suponían era la democracia (occidental), el rejuego de partidos políticos, el voto popular, la libertad económica y otros derechos fundamentales de los cuales habían carecido durante décadas o simplemente nunca los habían dispuesto. Tales fueron los casos de Polonia, Bulgaria y en general de las naciones que habían pertenecido a la ya desintegrada Cortina de Hierro ad hoc con el sistema político – burocrático comunista. En otras naciones como México, la apertura democrática y el reconocimie3nto de nuevos derechos fundamentales se dio bajo presupuestos diferentes, no violentos en los que permeó el convencimiento de que el cambio era necesario, aunque el sistema dominante no lo deseaba del todo. Fue el mundo y el grupo vencedor el que poco a poco empujó a esta nación a cambios estructurales que no fueron queridos pero sí necesarios para seguir subsistiendo.

Se dice que la apertura democrática mexicana empezó a manifestarse a posteriori de los levantamientos amados de Genaro Vázquez  y después de Lucio Cabañas, así como del surgimiento de otros grupos guerrilleros en el país y organizaciones aliadas de extrema izquierda. Esta postura es cierta pero no es la que define a las reformas posteriores. Si bien México en una guerrilla reclamante de justicia social, por otro lado la sociedad civil no la apoyó lo suficiente como para convertirla en el objetivo fundamental del cambio de poder que se necesitaba. La transformación del individuo súbdito al individuo ciudadano aún estaba muy lejos de madurarse. El régimen autoritario seguía vivo y coleando pese a todo. Podemos decir que en el campo de lo político la derrota militar de la guerrilla mexicana se tradujo en el reconocimiento de ciertos derechos políticos: el reconocimiento de  nuevas agrupaciones políticas que en el pretérito estaban y funcionaban en el anonimato y, en el cierto –donde convenía, claro- reconocimiento de victorias electorales de esa oposición al partido del sistema.  Muchos de los guerrilleros de la sierra de Guerrero bajaron a las ciudades, fundaron o robustecieron a partidos políticos y se acomodaron bajo los beneficios presupuestales que el sistema les proporcionó de manera más que efectiva.

La guerrilla es un antecedente importante así como unos años atrás lo fue el movimiento del 68, pero ni uno ni otro tuvieron la fuerza suficiente para acabar con el dinosaurio. Y como dice Monterroso: y cuando desperté el dinosaurio seguía ahí.

Fue el aparente triunfo del capitalismo mundial el que movió las élites de las naciones e hizo de su ideología la propia de todo el planeta. En lo que corresponde a los derechos humanos de las personas el nuevo Estado neo liberal trajo consigo la nueva manera de interpretarlos y sobre todo de valorarlos y jerarquizarlos, aun cuando en el planeta existe propuestas diferentes.

El imperialismo económico fue el factor para que en México se introdujeran reformas en materia de derechos humanos. Siempre hemos necesitado de la “ayuda” de los organismos económicos para solventar nuestro déficit presupuestal; bueno pues eso fue el pretexto para “pedirle” al entonces presidente Carlos Salinas que hiciera lo necesario para establecer reformas asequibles a la democracia mexicana. Los organismos internacionales veían a México como una nación con un sistema disparejo. Si bien obediente en la implementación de reformas de afectación a la economía, desordenado resultaba en lo político. Había la necesidad de proponer reformas y así se hizo.

( Continuará)

                                              DERECHOS HUMANOS (III)

El sistema político mexicano era como un gato de siete vidas. Sobrevivió a los embates de los años sesentas y setentas en los cuales se le cuestionó tanto su viabilidad como gobierno encarnado en el PRI y, sobre todo dejó mucho que desear respecto a la condición de moralidad que dejaba puesta sobre la mesa. El sistema y su partido cooptaron voluntades, modificaron el discurso y en el campo de los derechos humanos ampliaron el margen de posibilidades para los jóvenes quienes precisamente eran quienes defenestraban con gran vigor al sistema y las formas de hacer política en México.

Al sistema se le había puesto el cañón de la pistola en la sien, tuvo la habilidad para que el amenazante bajara el arma y todo continuara como siempre, no podía ser de otra manera, el gatopardismo se constituyó como efectiva manera de hacer política. El régimen de Luis Echeverría y el de José López Portillo fueron la muestra perfecta en el arte de pretender cambiar para quedar exactamente igual.

Todo parecía quedar en la misma situación pero el mundo se movía en una determinada dirección y el país no podía quedar estático; o se movía al parejo o se quedaba rezagado de la política internacional.

En el transcurso de los años ochenta México se influenció de los grandes acontecimientos mundiales. Fue la época del aumento de las tensiones de la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, haciéndose más cercana la posibilidad de una guerra nuclear. Esa posibilidad disminuyó considerablemente con las políticas de Glasnost y Perestroika encabezadas por el mandatario ruso Mijail Gorvachov, que desmantelaron el comunismo soviético y el desmembramiento territorial de la URSS originándose un cambio de dirección en la política rusa y en la manera de enfrentar los problemas mundiales y los locales. El sistema económico de todas las rusias colapsó permitiéndose la entrada al libre comercio y en consecuencia a las libertades que vienen acompañadas con el sistema liberal. No solo Rusia fue impactada, todo el bloque pro-soviético conocido como la Cortina de Hierro también sucumbió en su modelo político y económico y todos los países satélite de la ahora ex URSS dieron la bienvenida al sistema económico liberal y sus aparentes libertades individuales y colectivas.

Ronald Reagan el presidente yanqui, presentó al mundo una serie de medidas económicas que dieron origen a lo que hoy denominamos como neo liberalismo, que no es otra cosa que la pretensión bien lograda de los países líderes del capitalismo para tener mejores opciones de apoderamiento del mercado mundial y, al interior de ellos, establecer a través de organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y otros, políticas para el desmantelamiento de los Estados nacionales, obligándolos abandonar la política soberana de ser agente principal de la economía y dejar en contrapartida que sean las empresas nacionales o extranjeras quienes se hagan cargo del devenir económico.

Esa política triunfó y minó al Estado concentrador, en México su éxito fue rotundo a grado tal que a partir de ese momento, mediados de los ochentas, el discurso del Estado cambió y los éxitos del pasado quedaron como meras anécdotas, ahora se escribiría otra historia muy diferente.

Aquí en México, hemos sido a lo largo de todos estos años excelentes alumnos de los organismos económicos multilaterales, adoptando a pie de la letra todas sus abominables recetas para el progreso. Hemos obedecido hasta la saciedad las políticas liberales en detrimento de los intereses sociales, no importando si con ello los derechos sociales adquiridos se vayan al pozo del olvido. El Estado mexicano a partir de la presidencia de Miguel de la Madrid ha venido desmantelando su influencia en la economía, vendiendo todo a los particulares y permitiendo cada vez más la intromisión del capital extranjero en actividades que antes eran exclusivas de los nacionales. El Estado protector cayó en beneficio del Estado liberal o mínimo.  Para los neoliberales el Estado no puede ni debe ser agente económico preponderante, su misión se trastoca en detrimento de los derechos de libertad de las personas. La rectoría del Estado, dicen, no es más que la prolongación de un sismo que a nadie beneficia porque impide que el ser humano desarrolle su inventiva y genialidad para ser agente económico preponderante. El Estado, dicen, tiene una misión básica de la cual no puede distraerse: el otorgar seguridad y orden a los habitantes del Estado; esa tarea, sostienen, es la única que justifica su existencia.

El mundo y no solo México se vio envuelto en este desiderátum. El occidente creyó que el nuevo liberalismo o neo liberalismo era la salida ante la crisis; el Estado socialista había fracaso rotundamente, la caída de los países satélite de la URSS fue la contundente prueba de que el vencedor de la guerra fría era el capitalismo y su modelo político – económico; esa tesis banal fue incluso sostenida por los medios intelectuales aliados al gran capital tal y como lo ha sido desde siempre la escuela económica conocida como los Chicago boys. La salida única es el capitalismo, no solo en lo referente al quehacer económico sino también en todo el cúmulo de derechos que dice representar y que no son otros que la propiedad y la libertad de comercio, pilares de del sistema capital.

El capitalismo como ideología se mostró vencedor en casi todo el mundo, sus enemigos empequeñecían aunque algunos no dieron su brazo a torcer tan pronto como se esperaba. China, por ejemplo, siguió en el discurso del comunismo pero en la práctica económica poco a poco se fue amoldando a las nuevas políticas provenientes de occidente. El capitalismo se modernizó al terminar de plano con el modelo económico cerrado –sustitución de importaciones- obligando al mundo a pactar entre sí para mejorar el tránsito de mercancías y productos. México junto con Estados Unidos y Canadá signaron el Tratado de Libre Comercio –TLC o NAFTA-, y a partir de ese tratado el modelo se popularizó en todo el orbe. Hoy en lo económico el mundo puede dividirse por regiones económicas específicas con el propósito de hacer más ágiles los mercados y aumentar las ganancias de las empresas y los emprendedores que se benefician de las nuevas políticas, las que, de origen, no emanaron del seno de los Estados nacionales en función de su soberanía sino de los retorcidos intereses de los centros empresariales mundiales a quienes les urgía que el modelo capitalista se vistiera con nuevos ropajes, no importando si con ello millones de personas quedaran en el desempleo y sin la protección legal que en justicia merecen.

Este nuevo modelo revitalizó la economía mundial en tal sentido, pero ha sido un lastre en lo que respecta a los derechos humanos de las personas.

(Continuará)

DERECHOS HUMANOS (II)

En el blog anterior se trató de explicar al sistema político mexicano como el causante de la crisis social permanente que vive nuestro país, aunque hay que reconocer que no todo es desaciertos constantes y monumentales. En la historia nacional podemos contar con hechos de éxito que han podido salvar por así decirlo al sistema en cuestión. Lo bien logrado no es producto de una planeación bien ejecutada y programada, tampoco como resultado necesario del cumplimiento de las atribuciones legales que se consignan a los miembros de la administración pública; lo logrado es producto del propio sistema, el voluntarismo autoritario encarnado en el presidente de la república y en el caso de los estados federados en sus respectivos gobernadores, son la piedra filosofal de logros que si bien lo son no llegan a ser lo que deben ser, siempre han quedado a deber.

Este país ha sido gobernado bajo la línea de un voluntarismo que quizá en alguna época ya pasada podía justificarse a la luz de los hechos, pero que hoy en pleno siglo XXI es insostenible e injustificable. Pero sigue existiendo como regla política de gobierno al no encontrar la sociedad un método o causa para convertirse en una sociedad políticamente moderna que haga pleno uso de su potestad soberana y que sea el factor de las acciones de gobierno, siempre apegada al cumplimiento de la ley como principio fundamental de toda acción.

La creación de un partido autoritario en el cual supuestamente se concentró a lo más representativo de la sociedad y, con liderazgos caciquiles defensores de muchos intereses políticos, económicos y jurídicos, fue y es prácticamente imposible que también hoy, la sociedad  pueda verse auténticamente representada en cualquier foro. En antaño quien no pertenecía al partido –al PRI, por supuesto- no podía ser merecedor de las migajas del poder y era considerado como natural enemigo de la ya defenestrada revolución mexicana.

En los tiempos de la modernidad política  -los años setentas del siglo pasado, obvio- el poderoso partido en el poder, vía la necesidad de los hechos y el creciente descontento social, tuvo que ceder espacios de poder. Cabe decir que el partido en el poder o sistema político o gobierno era exactamente lo mismo. Poco a poco vinieron las reformas políticas que permitieron aperturas para los disidentes en diversos espacios de gobierno, especial y fundamentalmente en las cámaras legislativas y en algunos ayuntamientos donde la aplanadora electoral del partido  no permitía que la oposición ganara el más mínimo espacio. Las reformas electorales ampliaron el espectro de los derechos políticos tanto de los ciudadanos que ya podían elegir a verdaderos opositores al sistema y no a sus testaferros de siempre, y a las propias organizaciones políticas creadas –por ejemplo el Partido Comunista Mexicano- que ya podían emerger del anonimato y participar en procesos electorales, en algunos casos ganando elecciones  tal y como sucedió en municipios de la zona de la montaña de Guerrero.

El sistema político autoritario tuvo que ceder a mucho después de varios acontecimientos nacionales y locales (Guerrero) que motivaron la apertura para los derechos políticos de los mexicanos; puede citarse a lo sucedido en 1968 y 1971 así como a las guerrillas en suelo guerrerense tanto de Genaro Vázquez Rojas como de Lucio Cabañas Barrientos, quienes ganaron el apoyo de buena parte de la sociedad especialmente de los universitarios y algunos sindicatos nacionales. Había que terminar con las masacres de estudiantes y con la guerrilla. Terminaron con ellos, pero contrapartida tenía que venir la legitimación perdida de un régimen autoritario que no le quedó de otra más que ampliar el campo de los derechos humanos en su vertiente política, de ahí las reformas a la constitución en la materia donde a través del voto supuestamente representativo se permitía la representación proporcional lo cual se constituyó como un método para destapar la olla de presión que ya no daba para más y estaba a punto de estallar. También se permitió el voto a los jóvenes de 18 años, antes el mínimo de edad para votar era de 21 años, y se mejoraron sustancialmente los presupuestos a universidades públicas –el caso de Guerrero, Puebla y Sinaloa se midieron aparte-, creándose instituciones de apoyo a la investigación científica y artística.

Dicen y dicen bien que al nopal sólo se le arrima cuando tiene tunas. Los disidentes, enemigos del gobierno por cualquier causa justificada o no y una que otra fauna oprobiosa, se aprovechó ya sea de buena o de mala fe de las reformas a los derechos políticos para, algunos, tratar de modificar al sistema político por la vía pacífica y otros, los muchos, los oportunistas, se subieron al camión del poder. Y a darle que es mole de olla. El proceso de cooptación del contrario a los intereses del sistema funcionó casi a la perfección, sólo falló en aquellos casos en que el adversario mostró plena conciencia de su papel y de su amor por la justicia. El sistema político supo contener la oleada que se venía encima, pero con el tiempo vendría otra mayor de la cual resultó imposible su estadía en poder.

(Continuará)

LOS DERECHOS HUMANOS (I)

Hoy la validez de los derechos humanos está en entredicho. Por una parte nuestra constitución política mexicana ha sido prolífica en este tema, el avance en el reconocimiento de derechos es, podría así asegurarlo, impresionante. Nuestro catálogo es amplio y abarca casi todos los derechos que el género humano merece en el mundo moderno. La cuestión estriba en que esa construcción jurídica poco valor tiene en la realidad de la vida material, incluso parece presentarse un  retroceso en el cumplimiento de los derechos.

México vive momentos críticos. Hay problemas serios en la construcción del Estado de Derecho, el Estado es decir el primer obligado en hacer la tarea del cumplimiento de los derechos humanos o fundamentales está fallando en el cometido. El discurso del poder es uno y los hechos nos dicen cosas muy diferentes, la discrepancia entre ambos hace nugatoria a la norma jurídica ante el desconcierto y desencanto de la sociedad que pide ya a gritos y a su manera la finalización de un régimen político que cada vez se agota más y se da probadas muestras de la necesidad de su fin; su perseverancia podrá ser motivo de la institucionalización de la violencia como método para dirimir las controversias que emanan entre el Estado y sus ciudadanos, pudiendo así darse un giro de un proyecto inacabado de Estado democrático a un Estado autoritario del cual tenemos registros en nuestra historia nacional.

El sistema político mexicano ha demostrado a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, su capacidad de mutación y de su perfeccionamiento en el arte del engaño. El sistema ha transitado ideológicamente por varios caminos desde la adoración verbal de los principios liberales de la revolución mexicana, el nacionalismo, el liberalismo económico y lo que pueda venir de hoy en adelante. El sistema ha podido encausarse al modelo de país del gobernante en turno y de las exigencias del mercado mundial, por ejemplo, el tránsito de la economía cerrada al de economía abierta se hizo sin mayores aspavientos. En lo político el concepto de soberanía nacional ha sufrido una metamorfosis impresionante, este concepto permite ya la injerencia externa en variados temas de la agenda nacional. En lo legislativo el país continúa con un proceso de reformas que parecen nunca acabar y, en la mayoría de ellas, se deja ver la intención de inventar un nuevo país sin lograrlo en lo absoluto.

El sistema político mexicano ha trabajado y trabaja para el mantenimiento del poder según las conveniencias y para la satisfacción de determinados grupos económicos y políticos, en una palabra de los factores reales de poder.

El revolucionario de ayer hoy se transforma en el neoliberal acorbatado y perfumado, aventando el sombrero de palma y la carrillera al cajón de las desgracias, su mutación en aras a la necesidad de adaptación a los cambios de la modernidad es vertiginosa y produce los resultados que el neoliberalismo espera de sus más aventajados alumnos.

En el México de principios –las primeras décadas- del siglo pasado, se tenía la necesidad de consolidar una revolución inconclusa de la cual se esperaba mucho pero parecía que poco aportaría al engrandecimiento de la patria, pero dos fueron sus tareas principales: el campo y las fábricas. Es por ello el gran desarrollo e impulso de los derechos del campesinado y de los trabajadores fabriles, de la industria. En esos años se expidieron dos códigos que marcaron el paso a la idea de nación que se tenía, el código agrario y la ley federal del trabajo. El sistema político sabía a la perfección que campesinos y trabajadores fabriles podían ser, y lo fueron, grandes aliados en la tarea de consolidar el país con el objetivo de conservar el poder. La repartición de tierras y el reconocimiento del derecho de huelga fueron las instituciones que consolidaron por décadas la asociación entre Estado y trabajadores del campo y las ciudades. El partido del sistema, el PRI, tenía tres sectores que componían su núcleo de acción: el obrero, el campesino y el popular. La amalgama perfecta para la dominación de una nación que anhelaba acercarse a las grandes potencias mundiales, sin considerar que para hacerlo era requisito indispensable la práctica de la democracia.

Si bien a campesinos y obreros se les atrajo con la creación de una legislación asequible para sus derechos y dignidad, a los ciudadanos se les mantuvo a raya y ordenados con la expedición oportuna de leyes burocráticas que reconocían sus derechos laborales y los diferenciaban de los trabajadores del campo y fabriles. El gran hándicap de las primeras décadas del siglo XX fue lo que muchos economistas denominaron como “el milagro mexicano”, el país crecía a una taza del 6% o 7 % en promedio anual, algo impresionante que no se ha podido realizar hasta hoy. De igual manera no puede olvidarse que en los primeros cincuenta años del siglo pasado se crearon instituciones que hoy están en crisis pero que en su momento fueron modelo de cumplimiento de derechos fundamentales, como es el caso del IMSS y de otros que atendieron con eficacia las necesidades de los trabajadores.

(Continuará)