DERECHOS HUMANOS (XI)

(CENTENARIO CONSTITUCIONAL)

El 5 de febrero se celebró sin tanto bombo y platillo el primer centenario de la constitución política de los estados unidos mexicanos. Discursos ditirámbicos en la capital del país y en las capitales estatales pronunciados por los ejecutivos o por alguna persona importante en el medio jurídico y eso bastó para cumplir con el requisito cívico. La constitución mexicana representa ya en el mundo moderno una de las más antiguas y de las que más se le ha metido mano por parte del reformador constitucional, casi 700 reformas en cien años nos dicen mucho de las reglas del poder político y poco de la eficiencia en el cumplimiento efectivo de las normas constitucionales.

Desde que somos una república independiente los mexicanos hemos profesado un defecto que no nos hemos podido quitar de encima: el incumplimiento de las normas. Cuando México tuvo sus primeras constituciones el no cumplimiento fue la nota que las caracterizo: la constitución de 1824 solo fue un documento impráctico en la vida material aunque válido por las ideas que se ahí se establecían, en esos años nuestra patria se debatía en luchas intestinas y no hubo  campo para aterrizar un gobierno estable que pudiese trabajar con la ley en la mano. La constitución de 1836 y la propia de 1843 tuvieron el mismo destino, imprácticas debido al estado convulsivo del país. Fue en 1857 cuando parecía que por fin se podía establecer un gobierno de leyes, pero no, lo que en un principio parecía el nacimiento de un auténtico estado de derecho, la fuerza de los acontecimientos hicieron que el proyecto fallara.

Que conste que no digo que las normas establecidas en la constitución de 1857 fuesen erróneas o imposibles de aplicar. No, como siempre el factor humano con su política degradante hizo que las normas que podían salvar a México no se aplicaran. Porfirio Díaz gobernó a esta nación casi 30 años, 30 años en los cuales la constitución solo fue un pretexto para gobernar a raja tabla y favorecer a los de siempre. La justicia social no existía y los derechos humanos que ese ordenamiento estableció de manera sistemática no se pudieron aplicar, salvo excepciones en las cuales no se dañara el tejido de las redes del poder del mundo porfirista. En ese nefasto periodo –que muchos alaban por sus éxitos económicos- la nota principal en el arte de gobierno fue el autoritarismo en todas las esferas de la administración y de la aplicación del derecho. El gobierno de Díaz era el gobierno de un solo hombre pese a que la ley disponía la división de poderes.

La concentración del poder como característica del sistema político que nos ha dominado y domina en la actualidad, ha tenido sus consecuentes reformas. La presión de la olla tiene que ser liberada, el ejemplo de la revolución de 1910 no puede suceder de nuevo, el sistema político a partir de finales de los años 20 y principios de los 30 del siglo pasado aprendió la lección y estableció el método para que los mismos de siempre gobernaran bajo sus reglas. Plutarco Elías Calles al fundar lo que hoy es el PRI consolidó en un solo núcleo a los beneficiarios del triunfo de la revolución –no, no fueron los obreros y campesinos tal y como durante décadas se dijo hasta el cansancio; los triunfadores fue el sistema capitalista, las clases medias y a clase política depredadora de los bienes nacionales-. La concentración del poder en pocas manos no ha podido ser destruida por el orden jurídico, la razón es obvia, quien hace las reformas es quien detenta el poder político.

Las casi 700 reformas que ha tenido la constitución no han servido para mucho. Alguien diría que sí, que su utilidad estriba en la modernización del país para ponerlo en línea con los acontecimientos políticos y económicos del mundo moderno. No lo niego, es posible que algunas reformas cumplan con ese propósito y también, añado, con el mejoramiento de la administración pública y en el caso de los derechos humanos y sus garantías, para demostrar al mundo que somos líderes en encabezar un proteccionismo jurídico a las personas, tal y como la doctrina de estos derechos exigen con vigor. Pero, otras reformas han sido instrumentadas para concentrar el poder en pocas manos, para desproveer al pueblo de sus bienes nacionales, para poner al país en manos de compañías extranjeras, para destruir con reformas que se han catalogado como “estructurales” la pérdida de la identidad nacional y la evidente posibilidad de que nosotros seamos el factor más importante de nuestro destino y desarrollo económico.

El ánimo reformista, en conclusión, solo ha servido a muy pocos y no a la mayoría. El pueblo sigue siendo pobre, más del 50 por ciento de los mexicanos está por debajo del índice de satisfacción económica y no hay una sola norma constitucional que ataque el problema de la pobreza, se habla de independencia económica, de mejoramiento de las condiciones de vida, pero no hay una sola disposición que obligue al Estado a sacar a los nacionales de la pobreza. Por lo que, ésta más que una condición social es un estímulo del sistema político para continuar medrando con el presupuesto y alegando en discursos que ahora sí se combate a la miseria de manera integral.

Las reformas constitucionales más sonadas han sido aquellas que han transformado a México de una nación con patrimonio propio, a una que disgrega lo que tiene en aras de un supuesto desarrollo que no nos es ajeno. Y también aquellas que han modificado las reglas del poder político sin que en realidad se logre el objetivo. El ejemplo son las incesantes reformas electorales que no han solucionada nada y que solo han servido para crear una partidocracia muy lejana al sistema de partidos que opera en las naciones del primer mundo. Estas reformas, la económica y la política son el banderín de la clase política soberbia y entregada a intereses extranjeros que hoy gobierna.

Solo deseo citar que los derechos humanos han sido a lo largo de cien años motivo de algunas reformas. Sí, que bueno y que malo. Qué bueno porque algunas reformas han sido para reconocer derechos y que malo, porque todo lo que se ha creado para la defensa de los derechos, hasta ahora es casi  punto muerto, los derechos humanos siguen siendo aspiraciones y estamos lejos de concretizar su plena vigencia material.

Es de vital importancia, por estas razones y por otras quizá mejores, que como hace cien años se cree un constituyente nuevo; pero antes de eso es básico que todos los mexicanos sin excepción tengamos en cuenta de que es imposible ser libres si no hay respeto a la ley, y de que la constitución como ley suprema tiene que ser el ideal a seguir. En caso adverso estaremos como hasta hoy, sumidos en la confusión y siendo víctimas de un sistema político que no tiene llenadero.