DERECHO AL AGUA

Todos los días usamos agua, ya sea para beber, para bañarnos, para lavar la ropa y utensilios, máquinas, autos y muchas cosas más. El agua es el elemento de naturaleza más indispensable para la vida, al igual que el aire. Sin ellos la vida no sería posible. Si son un regalo de la naturaleza no hay razón para que los hombres la convirtamos en un bien económico. Al rato haremos lo mismo con el aire y el Estado o una empresa privada nos cobrará por respirar. Eso sería el colmo, pensamos ahora, pero no sabemos que nos depare el futuro. En el pretérito el agua, como lo dije antes, era un regalo de la naturaleza, lo sigue siendo en esencia, pero desde que su utilización y consumo se ha visto afectado el Estado ha intervenido para regular su uso y administrarlo.

Se dice que no es un bien económico en sentido estricto, ya que su regulación es a través de leyes de orden público y su administración es por conducto de un servicio público. Si fuese un bien económico serían los particulares los que intervinieran en lo referente a su conducción y distribución, y si bien ellos no lo hacen sino el Estado, si están facultados para ser agentes económicos en el consumo de agua ¿acaso la distribución de agua en botellones no lo hacen los particulares y obtienen ganancias por ello? Y vaya que la distribución de agua embotellada es un buen negocio, diría que excelente, teniendo en cuenta que México es el primer país consumidor de agua embotellada. La respuesta es más que obvia, si no bebemos agua embotellada nos moriríamos de sed puesto que el Estado no se ha hecho responsable de distribuir agua potable para la población. Es un asunto que no le interesa en lo más mínimo ya que dejaría de cobrar impuestos a quien sí da el servicio y le costaría miles de millones de pesos en crear a los organismos públicos conducentes que se encargaran de dar el servicio.

Resultaría pues caro, muy caro que el Estado haga del consumo de agua un bien público, es mejor para el mantenerlo como está: en manos de la iniciativa privada. Claro que para la gente no conviene porque el costo de agua para beber es muy caro. Nada más compare usted el litro de agua embotellada con un litro de leche o de gasolina y se dará cuenta de que ese negocio es por demás costeable. En la televisión se promocionan empresas que venden el equipo necesario para purificar agua y aseguran la recuperación del costo en lapsos muy breves, seis meses a lo sumo.

Caso raro que la ley permita que el agua se convierta de un bien público a privado, solo con la expedición de un permiso para su explotación. Porque el agua que se purifica para beber es considerada como un bien público donde solo el Estado tiene el derecho de su conducción y destino. Esto es como el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, como la cara de Jano.

La constitución mexicana establece el derecho al agua como un derecho humano, y como tal está regulado en el artículo 4, párrafo quinto, que a la letra indica:

"[...] 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre,  aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines."

[...]"

Muy laudable que sea el derecho al agua un derecho humano. El problema es la efectividad de ese derecho. No hablemos del acceso y saneamiento del agua, sabemos que hay muchos problemas que los ayuntamientos municipales no han podido resolver, han visto al agua solo como un problema de distribución y estamos lejos de que lo visualicen como un bien público salubre, aceptable y asequible.  Si lograran resolver eso, el negocio de los particulares que venden agua para beber se vería seriamente mermado y, en consecuencia, la gente dejaría de gastar un dineral para su consumo, bastaría abrir el grifo para satisfacer nuestras necesidades básicas.

Esta es una tarea de los ayuntamientos, el artículo 115 de la constitución federal en su fracción III, inciso a), señala lo siguiente:

"[...]

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

[...]"

Todos entendemos que la frase "agua potable" es compatible con lo que dice el artículo 4 cuando se refiere a la salubridad y aceptabilidad del recurso hídrico. Es decir, el ayuntamiento tiene no el deber, sino la obligación, de dar a su población agua potable en los términos referidos por la constitución y así cumplir con la efectividad de un derecho humano básico para la vida. Sabemos que lo que estoy diciendo es una quimera, que estamos lejos de llegar al cumplimiento de esa hipótesis constitucional; al estar lejos sabemos de antemano que los derechos fundamentales en este país son como un cuento muy bonito pero impráctico en la vida real.

Sin embargo no debemos dejar que esto siga así. Tenemos la obligación ciudadana de exigir agua potable. Creo que no es un pedimento imposible ni irrealizable, solo hay que luchar para ello.