LA RENUNCIA DE PEÑA

La renuncia formal del presidente Peña Nieto al cargo que ostenta desde hace cuatro años es prácticamente imposible. En el siglo XX, si no me equivoco, solo Porfirio Díaz renunció a la presidencia empujado por la efervescencia de la revolución, la derrota de las fuerzas federales en Ciudad Juárez fue la causa final que el viejo dictador consideró para tomar esa decisión. Si Díaz hubiera cumplido su promesa hecha en 1908 de  no participar en el proceso electoral siguiente y dejar el paso a nuevos actores políticos, la historia lo hubiere juzgado de manera diferente a como lo hace hoy, pero el héroe de la batalla del 2 de abril se aferró al poder y pagó las consecuencias.

Aclaro que no considero que la renuncia al cargo de presidente hecha por Pedro José Domingo de la Calzada Manuel María Lascuraín Paredes, como un evento de un jefe de Estado, puesto que solo estuvo en el cargo 45 minutos procediendo a abandonar el cargo para dejarle la silla al chacal Victoriano Huerta, el homicida de Madero y Pino Suarez. Lascuarín cuyo nombre tarda más en pronunciarse que su estadía en el poder, realmente no tomó ninguna decisión de Estado, salvo la que concierne a su renuncia. Sin duda, su paso por la historia de México es más que penoso.

Lascuarin renunció el mismo día que protestó el cargo, el 19 de febrero de 1913, Porfirio Díaz lo hizo el 25 de mayo de 1911.

El caso de peña es muy diferente al de Díaz. Este era considerado el pro hombre de fines del siglo XIX y principios del XX, su historia militar le daba las prendas necesarias para que se le considerara héroe en vida; durante sus treinta años en el poder sus administraciones se caracterizaron por dos elementos: el intenso desarrollo económico y, la mano dura y el olvido a los derechos fundamentales consagrados en la constitución de 1857. El dictador Díaz Mori cayó por su propio peso. El pueblo no pudo soportar más su desapego a la ley y su ansia casi demencial por conservar el poder.

Después del término del periodo revolucionario las personas que han asumido el poder desde la presidencia lo han hecho con relativa calma. Me refiero a que los pedimentos populares solicitando su renuncia al cargo no fueron lo suficientemente fuertes como para que sean consideradas como relevantes. Al contrario, algunos de ellos como Miguel Alemán y Carlos Salinas tiraron el anzuelo de la reelección, pero nadie en sano juicio lo pescó.

Es hasta hoy en la segunda década del siglo XXI cuando en el panorama político un sector del pueblo mexicano pide la renuncia del jefe del ejecutivo.

¿Por qué se pide la renuncia del presidente Peña? Pueden existir muchas causas y el cúmulo de ellas hace el efecto detonador de la pretensión. Pero hay unas que destacan de sobremanera. Peña fue un candidato televisivo impulsado ex profeso por la empresa televisa prácticamente desde que fue gobernador del Estado de México, un candidato y después presidente con ese apoyo de los medios electrónicos ha molestado con razón a una buena mayoría; ganó la presidencia con porcentaje menor al 50 por ciento de los votos y es el caso que hasta el día de hoy no ha logrado la legitimidad política necesaria pese a la cooptación de grupos y partidos políticos; durante su régimen proliferan las poses aromáticas de una burguesía recalcitrante, muy diversa a las propias que se esperan de un jefe de Estado, su esposa y los miembros de su familia presentan la idea de la evidente diferencia de clases; en lo que va de su gobierno la corrupción gubernamental es un signo de oprobio, el caso de la casa blanca que lo inmiscuye a él y a su esposa es escándalo mayúsculo a grado tal que hubo una investigación en la cual, obviamente, él y su esposa salieron bien librados.

La ausencia de cumplimiento a los derechos fundamentales manifestados principalmente por el alto grado de inseguridad que se vive en casi todo el país, es uno de los reclamos más sentidos; las ejecuciones en Tlatlaya y Acteal, la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el cúmulo de periodistas desaparecidos o asesinados, el desdén gubernamental para presentar un plan  que resuelva todo esto a corto o mediano plazo; la crisis en que se encuentra metida la economía, el dólar a más de 20 pesos y la deuda externa creciendo, la parálisis de las instituciones públicas que parecen no querer resolver los problemas que les toca por ley atender; el desdén por los méritos y la alabanza y premios a la mediocridad y el amiguismo; la invitación a parlamentar al candidato republicano Donald Trump ha sido la gota que derrama el vaso, el pueblo ha considerado que la deferencia a ese patán es el insulto más grave que se le ha proferido a la nación mexicana.

Todos esos yerros nos conducen a un clima de evidente inestabilidad política, de malestar social, de enojo y reflexión respecto a la estadía en el cargo de una persona que ha dejado de servir a los intereses de todos. Por ello en las redes sociales y en el medio político tímidamente se plantea la posibilidad de la renuncia de Peña.

Digo tímidamente porque el pedimento o exigencia no va acompañada de una fuerza social que haga caminar hacia esa dirección, pese a que en días pasados diversos grupos se organizaron para manifestarse públicamente solicitando la renuncia. Peña no renunciará, en lo nebuloso de su mente no cabe esa posibilidad porque considera que su gobierno cumple y él hace su trabajo con eficacia. Es un presidente que no sabe o no quiere no le interesa saber que tan bien es evaluado por su pueblo, su evaluación es tan mala que su aprobación a duras penas llega  al 25 por ciento, nunca un presidente mexicano ha tenido calificaciones tan bajas. Su pretendida legitimidad nunca se logró,  sus decisiones fallidas y torpes se han encargado de situarlo en el panel de los acusados y presuntos culpables, junto con muchos de sus colaboradores.

Supuestamente la cereza del pastel de su gobierno sería el Pacto por México y las reformas estructurales –la energética, la fiscal, la educativa y la de telecomunicaciones-. En este punto también el tiro le salió por la culata. Hoy somos testigos de la confrontación entre la CETEG y el gobierno, pues los maestros consideran a la reforma una imposición que niega los derechos laborales adquiridos. La reforma energética desposeyó a la nación del petróleo y la de comunicaciones robusteció al monopolio existente.

Peña Nieto tiene que renunciar. Faltan 25 meses para que entregue el poder. Es mucho tiempo para un gobierno que a lo largo de cuatro años ha sido reiterativo en las equivocaciones y en el mantenimiento de la estructura de la corrupción. México está a un paso del desbordamiento brutal de las pasiones, la crisis ya anunciada del 2017 en materia económica puede ser la mecha detonante.

MATRIMONIO IGUALITARIO

Estamos acostumbrados a ver que las manifestaciones o mejor dicho el derecho a  manifestarse solo es ejercido por estudiantes, profesores o trabajadores, casi nunca somos testigos de manifestaciones en las que participen padres, madres e hijos de familia digámoslo así provenientes de la clase media y, en su mayoría miembros de la iglesia católica. Por regla general el católico clase mediero mexicano se queja en reuniones sociales y en los café de moda, muy pocas veces en las calles. La crítica de petit comité no tiene mayores riesgos.

Sin embargo el domingo pasado (11/09/016) en más de cien ciudades del país la clase media católica salió a las calles para protestar en contra del matrimonio igualitario. Para ellos ese matrimonio es “antinatural” y evidentemente va en contra de los designios divinos y las leyes de la sagrada iglesia católica; según su posición el único matrimonio que debe ser reconocido es el que se integra por el hombre y la mujer,  cualquier otro es, como se ha dicho, una aberración. Y ya no se diga de la posibilidad de que la pareja homosexual esté en condiciones además de casarse de adoptar menores y adaptarlos al seno familiar.

Esta tesis es la reconocida por el catolicismo ¿pero de donde la sacó? Tengo entendido que la Biblia nada dice al respecto, que es más, dicho documento se refiere a diversas formas de familia y ninguna de ellas es superior o dominante sobre las demás. Ha sido la doctrina religiosa quien ha sostenido a lo largo de los siglos semejante posición, sin que tenga fundamento sólido en su libro sagrado. Es evidente entonces que todo lo que se diga y no esté avalado por la Biblia no es válido por carecer del más elemental fundamento. Es como si se creara una ley en la cual sus normas transgreden lo dicho por la constitución general cuando es sabido que ninguna ley puede ir en contra de ella por ser la ley suprema de la nación. Es como la tesis de la “infalibilidad Papal” ¿De dónde sacaron que el Papa es infalible en todo lo que dice? ¿Lo indica la Biblia? No, es invento de la doctrina religiosa que por necesidad o ignorancia sostiene la idea de que el Papa no se equivoca nunca. Absoluta tontería ¿no?

La institución del matrimonio no solo es religiosa, solo considerar este aspecto es un absurdo. Es una institución política, social, jurídica y económica. Sus lazos no solo tienen que ver con lo sexual que evidentemente es una parte esencial puesto que todos los seres humanos somos sexuados. El matrimonio es social en el sentido de que los integrantes del grupo desarrollan una serie de valores que los harán comunes al resto del conglomerado social; es económico porque con la unión de las personas se conforma un patrimonio que puede ser común que servirá para la atención de las necesidades familiares más comunes e incluso las que de mero ocio; en fin, el matrimonio es la consolidación para la identificación social de las personas y para el desarrollo armónico de nuestras potencialidades, sin importar si la pareja no está conformada por un hombre y una mujer sino por dos varones o, en su caso, por dos mujeres. El sexo nada tiene que ver con las posibilidades de desarrollo de las potencialidades humanas.

Es indispensable que aprendamos a reconocer las diferencias, no todos tienen porqué ser iguales a nosotros, no reconocernos en las diferencias es discriminar y discriminar es no soportar a los otros que no son o piensan como nosotros, la discriminación es segregación y odio.

Quienes marcharon el domingo pasado protestaron no solo en contra del derecho de los otros, sin saberlo protestaron en contra de la constitución mexicana que en su artículo 1 señala que está prohibida la discriminación por preferencias sexuales, protestaron en contra de la gran mayoría de los países del planeta que han signado la Carta de los Derechos Humanos de la ONU, documento que también prohíbe la citada discriminación y, lo peor para ellos, es posible que también hayan protestado en contra de su propio Dios que en ningún documento o constancia dejó el legado de la discriminación, sino al contrario, la tesis del amor y el respeto a los demás.

Adendum 1: El párrafo quinto del artículo 1 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, a la letra dice:

“[…]

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menos cavar los derechos y libertades de las personas.”

Adendum 2: Para constatar la tesis de la doctrina religiosa respecto al matrimonio, ver: www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_1977_sacramento-matrimonio_sp.html/

                                                    EL MÉTODO FILIPINO

En Filipinas no se andan por las ramas. Su presidente el señor Rodrigo Duarte lidera un régimen en el cual el combate al narcotráfico es más que peculiar. Se persigue a los presuntos delincuentes y la policía y el ejército están facultados para disparar en contra de aquellos, el sistema jurídico de esa nación oriental los protege.

En la mayoría de los países occidentales los presuntos delincuentes por el delito que sea, incluso el narcotráfico, tienen primer sagrado derecho de ser procesados y juzgados acorde al sistema jurídico vigente que les garantiza un trato igualitario y presumiblemente justo en el cual se considere en primer lugar sus derechos humanos, incluidos por supuesto los de orden procesal, el debido proceso que tanto da de que hablar cuando nos referimos a lo justo.

En Filipinas y en otros países que no comulgan con la cultura de occidente en primer lugar está el orden y los intereses del Estado y la comunidad –que no necesariamente siempre son los mismos-, aunque para satisfacerlos se tengan que hacer a un lado o no reconocer los derechos humanos de los transgresores de la ley.

Para el occidente, esto es un atropello inconcebible, puesto que la ley no puede estar hecha para que unos tengan privilegios o para que a otros se les nieguen derechos; la característica de la  norma jurídica es precisamente la generalidad, todos coludos y parejos, todos somos iguales ante la ley sin excepciones, en los beneficios y en los castigos.

Nosotros los occidentales que crecimos bajo el amparo de la ideología jurídica del romanismo y posteriormente nutrido con elementos e instituciones de la familia jurídica sajona, consideramos que un derecho bien aplicado es aquél que respeta los derechos humanos reconocidos en la constitución y en las leyes internacionales y que, además, está fundamentado en una moral que a la vez es s base de lo jurídico y de las reglas de convivencia de una determinada sociedad.

Al parecer en Filipinas eso importa poco. Lo verdaderamente trascendente, sin considerar ideologías románticas, es la conservación del régimen político y social a costa de lo que sea, incluso de posibles víctimas inocentes en su lucha contra el narcotráfico. Esta forma de pretender resolver el problema es ortodoxa y para no pocos es la mejor opción. El mal que representa el narco hay que acabarlo como sea, incluso con el coste de vidas inocentes y pese a las evidentes violaciones a derechos humanos de los presuntos delincuentes, alegan los defensores de esta tesis.

No sabemos si el método filipino es la solución, como tampoco estamos ciertos de que el establecido en el mundo occidental y del cual México forma parte sea el que resuelva el problema, el tiempo es el que pondrá a cada quien en su lugar. De lo que sí estoy convencido es del hecho de que no puede ni debe valorarse a los transgresores de la ley por igual. Lo único que los hace iguales es la violación a la ley, en lo demás debería construirse un sistema normativo especial, más riguroso y con escasas posibilidades de éxito para quienes hacen del narco su forma de vida. Un derecho penal del enemigo.

MÉXICO Y SUS PULGAS

Al perro más flaco se le cargan las pulgas, dice el dicho y dice bien. Y no porque seamos perros pero a los mexicanos nos va bien la frasecita de marras. Los últimos años han sido terroríficos sobre todo los que abarcan el sexenio de Peña nieto. Parece que no tiene fin el cúmulo de malas noticias inundan al país como la peor de sus tormentas; no habido descanso, somos, el pueblo, como ese boxeador arrinconado en las cuerdas recibiendo una andanada de golpes que no sabe cómo quitarse.

Y no es que el pueblo no sepa la manera de cómo defenderse, bien lo sabe pero tiene temor de que las cosas lleguen a desbordarse, apuesta por las salidas pacíficas pero no descarta otra vía. Creemos que es posible el milagro (vaya palabrita) de que a nuestros gobernantes se les ilumine el entendimiento y hagan algo que indique que podemos salir de las crisis. Pero cada día que pasa esta posibilidad se diluye como el agua entre las manos.

El sistema político que nos rige, aun cuando haya habido cambio de partidos en el poder, nos ha educado a la resistencia. Resistir a los corruptos, resistir las malas políticas, resistir la pobreza, resistir la desigualdad, resistir las inoperantes leyes y la ausencia del estado de derecho, resistir a medios de comunicación en cómplice abierto con las mafias en el poder (me salió como cierto personaje). En términos generales al mexicano se educó a bajar la cerviz ante el poderoso, esa lección la aprendimos bien hemos sido buenos alumnos aun cuando nuestra historia contemporánea nos muestra ejemplos de rebeldía que son dignos de mención.

Dicen los sabios de café que somos así porque México es una sociedad de clase media, con aspiraciones de clase media y conciencia de clase media. Lo malo es que no todos son clase media, podrán tener las aspiraciones pero no lo son. Lumpen burgueses creo sería el término apropiado. México una sociedad lumpen. Somos una cosa pero nos sentimos otra, y sí eso lo podemos comprobar en lo que se publica en las redes sociales.

Pero no quiero desviarle del tema. El gobierno de Peña es catastrófico a más no poder, nunca en la historia de mi vida había sido testigo de tanto yerro y de tanto perjurio en contra de los mexicanos, bueno ya ni el gobierno de Salinas que ya es decir mucho porque el tipo ese le dedicó las políticas públicas a la clase empresarial y al pueblo lo engañó con su traída “Solidaridad”, que no fue otra cosa que atole con el dedo, no resolvió nada de lo que decía atacar.

La historia, al menos que yo sepa, no tenía registrado el caso de la llegada al poder de una persona por sus dotes físicas. Peña llegó en buena medida por su supuesta galanura, la cual estiman impactó en las damas del proletariado y en las “educadas” clases medias. El votar por alguien así sin mirar sus dotes de político consiste en agarrar un puño de pulgas y ponérselas en el propio lomo. La televisión compró el boleto, lo hizo suyo y mareó a millones de incautos –contando al voto duro de su partido-, para acabar de amolarla hasta mujer le buscaron para asegurar la tropelía.

Ya en el poder sus reformas han sido un fracaso monumental. Son reformas para la burguesía, para los monopolios, no para el pueblo. Acabó con Pemex y la Cfe, los medios de comunicación estarán al mando de los mismos intereses y ahora con mayor poder, la reforma en derechos humanos solo ha quedado en el papel y en el discurso de los leguleyos (hermanos míos), la educativa ha sido reforma laboral y por no consensarla con los maestros está metido en una bronca monumental, y de la fiscal mejor no digo nada porque 56 millones de pobres avalan el fracaso.

La seguridad pública un desastre. Miles de desaparecidos y decenas diarias de muertos en balaceras. Solo en Guerrero de octubre a agosto de 2016 han perecido en hechos violentos más de 2 mil personas, en el país en cuatro años más de cien mil. Un desastre monumental. Pero eso sí, hablan de estrategias contra la delincuencia organizada pero nunca dicen en qué consisten y se niegan a medir sus resultados sabedores de que cada día estamos peor. Tal parece que el estado de terror que se vive en el país le conviene a cierta clase política y factores de poder. El narco tráfico imparable dando la idea de que “tú y yo somos uno mismo” como reza una rolita ochentera.

Si al interior del país está para llorar amargamente, la política exterior dice quítate que ahí te voy. Lo sucedido con el señor Donald Trump ha sido el colmo de los colmos. Pensamos que los casos de corrupción de la Casa Blanca (no la de Washington, por supuesto), los gobernadores de su partido, su cuestionada tesis profesional y su opacidad de gobierno habían sido suficientes para que el pueblo en las redes sociales pida su renuncia. Invitar a México al personaje que nos ha insultado, que de delincuentes no nos baja, y amenaza con construir una muralla fronteriza a nuestro costo, es suficiente para que deje el cargo. Obvio que no lo hará a menos que el pueblo se levante, pero lo veo complicado.

Peña tiene criadero de pulgas y nos las avienta sin misericordia. Todo lo que ha hecho y hará porque le faltan poco más de dos años (si es que no revienta antes) lo pagará su partido principalmente, ya desde ahora está condenado a perder las elecciones de 2018, y él no podrá ser juzgado por sus magnas equivocaciones pero muy seguramente lo que le reste de vida vivirá en la penuria política de saberse el gobernante más odiado y ridiculizado de la historia patria.

Esta es una lección que debemos aprender, el 2018 está cerca.

FEMINICIDIOS EN GUERRERO

El tema de los feminicidios en el Estado de Guerrero no es fácil. Se ha dicho en la prensa y,  en algunas ocasiones con una intención no muy clara y objetiva, que el Estado debe declarar una alerta de género puesto que los casos crecen desmesuradamente. Y digo que no es clara esta información porque no hay datos contundentes que respalden el número exacto de mujeres que han sido asesinadas en nuestro Estado en los últimos meses. La secretaría de la mujer indica en voz de su representante que los casos no llegan a cincuenta, la prensa local apoyada en datos proporcionados por organizaciones de derechos humanos elevan la cifra hasta 162 en lo que va del año, quien debería llevar un registro apegado a la realidad no ha dicho esta boca es mía, me refiero a la Fiscalía del Estado.

Este tema ratifico que no es nada fácil, tiene que ver con posturas culturales ancestrales en las cuales se ha visto a la mujer no como una persona dotada de dignidad, sino como un bien mueble desprovisto de derechos y solo con obligaciones. Estoy cierto que a través de los años se ha avanzado en el reconocimiento de sus derechos y en la igualdad de género. Cuando era estudiante de derecho el código civil indicaba que en caso de divorcio la mujer debería quedar “depositada” en lugar seguro a gusto del marido o del juez, en su caso. Estas condiciones jurídicas absurdas ya han sido superadas y la mujer al menos en el código que se comenta no es un bien mueble susceptible de depositarse al gusto de una persona en particular como si se tratare de un bien de su propiedad. Así como ese caso había otros igual de denigrantes, mismos que poco a poco han sido superados. En la legislación social la posición jurídica de la mujer ha tenido avances considerables, solo por citar un ejemplo: ya no hay restricciones para el trabajo de la mujer y si un reconocimiento de sus capacidades laborales. Aún falta mucho por hacer pero los pasos son seguros, en materia electoral se ha establecido la paridad de género y en el marco coercitivo se ha establecido el delito de feminicidio en varios estado de la república.

Considero que en la construcción de normas no hay casi ningún problema en el reconocimiento de la dignidad de la mujer y en la adopción de criterios de igualdad. El problema más grave está en el plano cultural, entendiendo por este las conductas que desde antaño se han reconocido como válidas y que, algunas de ellas, contrarían los avances del derecho y de la moral pública. En Guerrero todavía hay lugares donde a la mujer se le vende como objeto, donde no se le da oportunidad para emplearse por razones sexistas, donde si trabaja se le paga menos, donde se le condena a ser ama de casa sin derechos, donde se le obliga al trabajo no asalariado, donde se le prohíbe opinar de política o de otro tema reservado a los varones, donde la moral religiosa pesa más que cualquier otra razón ligada a la modernidad y reconocimiento de derechos.

Contra esto es difícil navegar y hay que reconocer que en nuestra entidad hay pocos estudios serios que nos planeen soluciones para resolverlos de plano. La defensa de los derechos de la mujer ha sido tarea de las propias mujeres que se han encargado con sus éxitos y fracasos de luchar por la igualdad, lo han hecho sin apoyos sin un reconocimiento de las instituciones del Estado, así han navegado en mar embravecido donde la llegada a puerto no es cosa segura. La dirección de los puestos de poder aún siguen reservados para los hombres y los clasificados para la mujer han sido ocupados, en la mayoría de los casos, por mujeres que han carecido del sentido de solidaridad en la lucha de sus congéneres. Recientemente la líder del Congreso de Guerrero señaló que no tiene caso una alerta de género ya que muchos de los asesinatos son producto de la violencia en que se encuentra el Estado. Esta declaración denota la supina ignorancia y la falta de solidaridad en aras de la conservación de los privilegios que el poder concede. En el mismo sentido el Fiscal del Estado desacreditó la posibilidad de la alerta de género.

Si damos por cierta la cifra de más de 162 feminicidios, solo en el transcurso de este año (2016) es más que suficiente para decretar la alerta, no importando la causa de los delitos, pero la alerta no puede reducirse a las cifras, tampoco a los miedos del poder, tampoco al financiamiento que se tenga que hacer, la alerta es una cuestión de dignidad en la cual se da el Estado la oportunidad de reivindicar el derechos de sus ciudadanos –mujeres y hombres- para vivir una vida digna en la cual nadie se sienta superior al otro por razones de género; la alerta es cuestión no de política sino de sobrevivencia y moralidad.

ESTADO DE DERECHO, UNA QUIMERA MÁS

Es increíble como el Estado de Derecho (de ahora en adelante ED) cada vez más se convierte en una quimera. Diremos que el ED se significa por el apego de la conducta a la norma, ya sea del ciudadano o personas civiles o de aquellas que están ejerciendo una determinada función pública, también el ED debe ser patrón de conducta de las instituciones públicas y privadas. El ED es el ideal de la conducta, nadie debería transgredirlo aun cuando manifieste en su estructura algunas deficiencias, hay que recordar que el ED es una construcción humana y que, por lo tanto, es susceptible de contar con errores. Para ello se deben de contar con las instituciones asequibles para la corrección de estos y mientras más rápido se haga el proceso, mejor.

El objetivo del ED es la procuración, preservación, mantenimiento, aseguramiento y cumplimiento de los derechos fundamentales inscritos en la constitución y en los tratados internacionales. Son los derechos humanos o fundamentales la base de todo sistema jurídico, sin ellos es imposible disponer de un Estado que garantice mínimamente el cumplimiento de las funciones básicas por la cual fue creado. El Estado moderno no se creó para la satisfacción de intereses personales o de facciones, sino al contrario, para dignificar la vida de los integrantes de la sociedad y lograr así la felicidad o bien común.

Estado y ED no son lo mismo, el ED es un elemento del Estado, aquél en que la sociedad se dignifica por contar con un Derecho que satisface las necesidades y dignidad de todos. El Derecho es el sostén de la sociedad, sin el orden requerido sería imposible, gracias a el la sociedad se organiza y asegura el cumplimiento de objetivos claros a través de las instituciones que la sociedad crea a través del Derecho. El Estado así, lisa y llanamente, es la organización política por excelencia, pero para que funcione es indispensable el Derecho el cual a través de normas concretas establece las líneas conductuales para el cumplimiento de metas y objetivos sociales.

Un Estado sin ED sería el caos completo, la anarquía, el desorden, cada quien se gobernaría a su libre entender violando la dignidad del otro. Lo que para mí es justo, es posible que para ti no lo sea, así que resolveremos nuestros diferendos por la fuerza porque no hay una normatividad aceptada por los dos que nos ayude a trasladarnos a una solución pacífica. El espanto, no cabe duda. Y sin embargo hay quienes desean la extinción del Estado y el Derecho como productos sociales. Aberrante.

Pues bien, y en lo que sigue no quiero ser tan prolijo, sino ir al punto medular de la cuestión que considero vital. Con la expedición de la ley 701 que establece el reconocimiento de las policías comunitarias, el Estado se dio, hasta el momento, un tiro de graves consecuencias. Por un lado acepta que haya policías comunitarias que realicen una función no muy clara de procuración de justicia al amparo de las leyes ya existentes; acepta también la creación de autoridades designadas por los pueblos para ejercer esa función; acepta también la implementación de ciertos usos y costumbres en el mismo tema. Esa ley solo es declarativa y permisiva de la creación de dichas policías pero no establece sus procedimientos de actuación, solo da unos chispazos conductuales.

El dejar de hacer, en este caso, las tareas de seguridad pública, hizo que el Estado se pusiera la pistola en la sien. Dejar que los ciudadanos realicen una función que en exclusiva le corresponde a él es abandonar sus quehaceres de manera irresponsable no importándole que al amparo de ese permiso, el cual es discutible jurídicamente, el cumplimiento y aseguramiento de los derechos fundamentales de todos los habitantes esté en riesgo de ser violados por personas, en este caso “autoridades”, con escaso conocimiento de los procedimientos legales y de los derechos que todos los mexicanos tenemos. Uno de los casos más ejemplificantes es el de la señora Nestora Salgado, quien en la zona de la montaña creó su policía comunitaria, realizó las funciones de ministerio público, y de órgano jurisdiccional al detener a personas y juzgarlas por la supuesta comisión de delitos y, detenerlas y encarcelarlas sin que haya un juicio de por medio basado en las leyes previamente establecidas. Todo lo realizado por esa policía estuvo fundamentado en los “usos y costumbres” y en las ocurrencias de justicia de una parte del pueblo enardecido por la inseguridad. Eso no es ni aquí ni en la China ED, eso es aplicación de “justicia por sí mismo” y entrecomillo porque no puede denominarse como justicia aquello que es producto del enejo, la costumbre o de la decisión mayoritaria o no de una comunidad, la cual puede cambiar acorde a los humores y conveniencias.

La señora Salgado por esas y otras razones fue a parar a la cárcel. En el mes de marzo de este año (2016) el juez de la causa decretó su libertad arguyendo que actuó en amparo de la ley 701. No conozco el expediente, pero por intuición jurídica considero que su libertad es producto de una negociación política y no de la interpretación apegada a Derecho. Si esto es así, el ED una vez más se convierte en un paradigma. La ley 701 necesita de un reglamento que establezca los límites de actuación de las policías comunitarias y la manera de encarar sus tareas sin que se genere una contradicción con el Derecho ya establecido, si no, tendremos la existencia de dos sistemas de procuración de justicia que se contraponen.

Al suceder lo que está sucediendo en Guerrero y en otras entidades federativas, quien más sale dañado es el ciudadano de a pie, sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución quedan sujetos al capricho de la interpretación o no de unas “autoridades” que apelan a los usos y costumbres para justificar su proceder, no importando si lo que hacen es violatorio de esos derechos.

No cabe la menor duda que estos momentos son de crisis para el Derecho y los derechos fundamentales. El Estado ha fallado, es Estado fallido y es el principal causante de todo el aquelarre en que estamos inmersos.