jueves, 8 de septiembre de 2016

                                                    EL MÉTODO FILIPINO

En Filipinas no se andan por las ramas. Su presidente el señor Rodrigo Duarte lidera un régimen en el cual el combate al narcotráfico es más que peculiar. Se persigue a los presuntos delincuentes y la policía y el ejército están facultados para disparar en contra de aquellos, el sistema jurídico de esa nación oriental los protege.

En la mayoría de los países occidentales los presuntos delincuentes por el delito que sea, incluso el narcotráfico, tienen primer sagrado derecho de ser procesados y juzgados acorde al sistema jurídico vigente que les garantiza un trato igualitario y presumiblemente justo en el cual se considere en primer lugar sus derechos humanos, incluidos por supuesto los de orden procesal, el debido proceso que tanto da de que hablar cuando nos referimos a lo justo.

En Filipinas y en otros países que no comulgan con la cultura de occidente en primer lugar está el orden y los intereses del Estado y la comunidad –que no necesariamente siempre son los mismos-, aunque para satisfacerlos se tengan que hacer a un lado o no reconocer los derechos humanos de los transgresores de la ley.

Para el occidente, esto es un atropello inconcebible, puesto que la ley no puede estar hecha para que unos tengan privilegios o para que a otros se les nieguen derechos; la característica de la  norma jurídica es precisamente la generalidad, todos coludos y parejos, todos somos iguales ante la ley sin excepciones, en los beneficios y en los castigos.

Nosotros los occidentales que crecimos bajo el amparo de la ideología jurídica del romanismo y posteriormente nutrido con elementos e instituciones de la familia jurídica sajona, consideramos que un derecho bien aplicado es aquél que respeta los derechos humanos reconocidos en la constitución y en las leyes internacionales y que, además, está fundamentado en una moral que a la vez es s base de lo jurídico y de las reglas de convivencia de una determinada sociedad.

Al parecer en Filipinas eso importa poco. Lo verdaderamente trascendente, sin considerar ideologías románticas, es la conservación del régimen político y social a costa de lo que sea, incluso de posibles víctimas inocentes en su lucha contra el narcotráfico. Esta forma de pretender resolver el problema es ortodoxa y para no pocos es la mejor opción. El mal que representa el narco hay que acabarlo como sea, incluso con el coste de vidas inocentes y pese a las evidentes violaciones a derechos humanos de los presuntos delincuentes, alegan los defensores de esta tesis.

No sabemos si el método filipino es la solución, como tampoco estamos ciertos de que el establecido en el mundo occidental y del cual México forma parte sea el que resuelva el problema, el tiempo es el que pondrá a cada quien en su lugar. De lo que sí estoy convencido es del hecho de que no puede ni debe valorarse a los transgresores de la ley por igual. Lo único que los hace iguales es la violación a la ley, en lo demás debería construirse un sistema normativo especial, más riguroso y con escasas posibilidades de éxito para quienes hacen del narco su forma de vida. Un derecho penal del enemigo.


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