FEMINICIDIOS EN GUERRERO

El tema de los feminicidios en el Estado de Guerrero no es fácil. Se ha dicho en la prensa y,  en algunas ocasiones con una intención no muy clara y objetiva, que el Estado debe declarar una alerta de género puesto que los casos crecen desmesuradamente. Y digo que no es clara esta información porque no hay datos contundentes que respalden el número exacto de mujeres que han sido asesinadas en nuestro Estado en los últimos meses. La secretaría de la mujer indica en voz de su representante que los casos no llegan a cincuenta, la prensa local apoyada en datos proporcionados por organizaciones de derechos humanos elevan la cifra hasta 162 en lo que va del año, quien debería llevar un registro apegado a la realidad no ha dicho esta boca es mía, me refiero a la Fiscalía del Estado.

Este tema ratifico que no es nada fácil, tiene que ver con posturas culturales ancestrales en las cuales se ha visto a la mujer no como una persona dotada de dignidad, sino como un bien mueble desprovisto de derechos y solo con obligaciones. Estoy cierto que a través de los años se ha avanzado en el reconocimiento de sus derechos y en la igualdad de género. Cuando era estudiante de derecho el código civil indicaba que en caso de divorcio la mujer debería quedar “depositada” en lugar seguro a gusto del marido o del juez, en su caso. Estas condiciones jurídicas absurdas ya han sido superadas y la mujer al menos en el código que se comenta no es un bien mueble susceptible de depositarse al gusto de una persona en particular como si se tratare de un bien de su propiedad. Así como ese caso había otros igual de denigrantes, mismos que poco a poco han sido superados. En la legislación social la posición jurídica de la mujer ha tenido avances considerables, solo por citar un ejemplo: ya no hay restricciones para el trabajo de la mujer y si un reconocimiento de sus capacidades laborales. Aún falta mucho por hacer pero los pasos son seguros, en materia electoral se ha establecido la paridad de género y en el marco coercitivo se ha establecido el delito de feminicidio en varios estado de la república.

Considero que en la construcción de normas no hay casi ningún problema en el reconocimiento de la dignidad de la mujer y en la adopción de criterios de igualdad. El problema más grave está en el plano cultural, entendiendo por este las conductas que desde antaño se han reconocido como válidas y que, algunas de ellas, contrarían los avances del derecho y de la moral pública. En Guerrero todavía hay lugares donde a la mujer se le vende como objeto, donde no se le da oportunidad para emplearse por razones sexistas, donde si trabaja se le paga menos, donde se le condena a ser ama de casa sin derechos, donde se le obliga al trabajo no asalariado, donde se le prohíbe opinar de política o de otro tema reservado a los varones, donde la moral religiosa pesa más que cualquier otra razón ligada a la modernidad y reconocimiento de derechos.

Contra esto es difícil navegar y hay que reconocer que en nuestra entidad hay pocos estudios serios que nos planeen soluciones para resolverlos de plano. La defensa de los derechos de la mujer ha sido tarea de las propias mujeres que se han encargado con sus éxitos y fracasos de luchar por la igualdad, lo han hecho sin apoyos sin un reconocimiento de las instituciones del Estado, así han navegado en mar embravecido donde la llegada a puerto no es cosa segura. La dirección de los puestos de poder aún siguen reservados para los hombres y los clasificados para la mujer han sido ocupados, en la mayoría de los casos, por mujeres que han carecido del sentido de solidaridad en la lucha de sus congéneres. Recientemente la líder del Congreso de Guerrero señaló que no tiene caso una alerta de género ya que muchos de los asesinatos son producto de la violencia en que se encuentra el Estado. Esta declaración denota la supina ignorancia y la falta de solidaridad en aras de la conservación de los privilegios que el poder concede. En el mismo sentido el Fiscal del Estado desacreditó la posibilidad de la alerta de género.

Si damos por cierta la cifra de más de 162 feminicidios, solo en el transcurso de este año (2016) es más que suficiente para decretar la alerta, no importando la causa de los delitos, pero la alerta no puede reducirse a las cifras, tampoco a los miedos del poder, tampoco al financiamiento que se tenga que hacer, la alerta es una cuestión de dignidad en la cual se da el Estado la oportunidad de reivindicar el derechos de sus ciudadanos –mujeres y hombres- para vivir una vida digna en la cual nadie se sienta superior al otro por razones de género; la alerta es cuestión no de política sino de sobrevivencia y moralidad.