FEMINICIDIOS EN GUERRERO
El tema de los feminicidios en el
Estado de Guerrero no es fácil. Se ha dicho en la prensa y, en algunas ocasiones con una intención no muy
clara y objetiva, que el Estado debe declarar una alerta de género puesto que
los casos crecen desmesuradamente. Y digo que no es clara esta información
porque no hay datos contundentes que respalden el número exacto de mujeres que
han sido asesinadas en nuestro Estado en los últimos meses. La secretaría de la
mujer indica en voz de su representante que los casos no llegan a cincuenta, la
prensa local apoyada en datos proporcionados por organizaciones de derechos
humanos elevan la cifra hasta 162 en lo que va del año, quien debería llevar un
registro apegado a la realidad no ha dicho esta boca es mía, me refiero a la Fiscalía
del Estado.
Este tema ratifico que no es nada
fácil, tiene que ver con posturas culturales ancestrales en las cuales se ha
visto a la mujer no como una persona dotada de dignidad, sino como un bien
mueble desprovisto de derechos y solo con obligaciones. Estoy cierto que a
través de los años se ha avanzado en el reconocimiento de sus derechos y en la
igualdad de género. Cuando era estudiante de derecho el código civil indicaba
que en caso de divorcio la mujer debería quedar “depositada” en lugar seguro a
gusto del marido o del juez, en su caso. Estas condiciones jurídicas absurdas
ya han sido superadas y la mujer al menos en el código que se comenta no es un
bien mueble susceptible de depositarse al gusto de una persona en particular
como si se tratare de un bien de su propiedad. Así como ese caso había otros
igual de denigrantes, mismos que poco a poco han sido superados. En la
legislación social la posición jurídica de la mujer ha tenido avances
considerables, solo por citar un ejemplo: ya no hay restricciones para el
trabajo de la mujer y si un reconocimiento de sus capacidades laborales. Aún
falta mucho por hacer pero los pasos son seguros, en materia electoral se ha
establecido la paridad de género y en el marco coercitivo se ha establecido el
delito de feminicidio en varios estado de la república.
Considero que en la construcción
de normas no hay casi ningún problema en el reconocimiento de la dignidad de la
mujer y en la adopción de criterios de igualdad. El problema más grave está en
el plano cultural, entendiendo por este las conductas que desde antaño se han
reconocido como válidas y que, algunas de ellas, contrarían los avances del
derecho y de la moral pública. En Guerrero todavía hay lugares donde a la mujer
se le vende como objeto, donde no se le da oportunidad para emplearse por
razones sexistas, donde si trabaja se le paga menos, donde se le condena a ser
ama de casa sin derechos, donde se le obliga al trabajo no asalariado, donde se
le prohíbe opinar de política o de otro tema reservado a los varones, donde la
moral religiosa pesa más que cualquier otra razón ligada a la modernidad y
reconocimiento de derechos.
Contra esto es difícil navegar y
hay que reconocer que en nuestra entidad hay pocos estudios serios que nos
planeen soluciones para resolverlos de plano. La defensa de los derechos de la
mujer ha sido tarea de las propias mujeres que se han encargado con sus éxitos
y fracasos de luchar por la igualdad, lo han hecho sin apoyos sin un
reconocimiento de las instituciones del Estado, así han navegado en mar
embravecido donde la llegada a puerto no es cosa segura. La dirección de los
puestos de poder aún siguen reservados para los hombres y los clasificados para
la mujer han sido ocupados, en la mayoría de los casos, por mujeres que han carecido
del sentido de solidaridad en la lucha de sus congéneres. Recientemente la
líder del Congreso de Guerrero señaló que no tiene caso una alerta de género ya
que muchos de los asesinatos son producto de la violencia en que se encuentra
el Estado. Esta declaración denota la supina ignorancia y la falta de
solidaridad en aras de la conservación de los privilegios que el poder concede.
En el mismo sentido el Fiscal del Estado desacreditó la posibilidad de la
alerta de género.
Si damos por cierta la cifra de más
de 162 feminicidios, solo en el transcurso de este año (2016) es más que suficiente
para decretar la alerta, no importando la causa de los delitos, pero la alerta
no puede reducirse a las cifras, tampoco a los miedos del poder, tampoco al
financiamiento que se tenga que hacer, la alerta es una cuestión de dignidad en
la cual se da el Estado la oportunidad de reivindicar el derechos de sus
ciudadanos –mujeres y hombres- para vivir una vida digna en la cual nadie se
sienta superior al otro por razones de género; la alerta es cuestión no de
política sino de sobrevivencia y moralidad.
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